By Redacción Propia En la República Dominicana, importantes instituciones públicas están utilizando una modalidad de contratación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que pone en entredicho la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado. Aunque los fondos provienen del presupuesto nacional, el mecanismo utilizado para estas contrataciones evade los procesos regulares establecidos en la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
El problema radica en que estas contrataciones no cumplen con los estándares de transparencia. No se publican en portales institucionales, y el acceso a detalles como los contratos, los procesos de selección y los criterios de adjudicación es prácticamente inexistente. Lo poco que los ciudadanos pueden saber está limitado a montos globales y nombres de empresas contratadas, información disponible únicamente en la página del PNUD.
Nuestra investigación revela que instituciones como el Ministerio de Educación, el INABIE y el MIVED están entre las que más presupuesto han dedicado a este tipo de acuerdos. En 2023 y 2024, el Ministerio de Educación reportó gastos superiores a 7.91 millones de dólares, mientras que el INABIE alcanzó cerca de 7.37 millones de dólares en el mismo período. El MIVED, por su parte, es la institución con el mayor presupuesto en este tipo de contrataciones, desde el 2021 al 2024 ha gastado un total de 15.55 millones de dólares, que a la tasa de hoy serian alrededor de 940 millones de pesos. Sin embargo, las preguntas clave siguen sin respuesta: ¿A dónde ha ido a parar todo este dinero? ¿En manos de quién están estos contratos millonarios? ¿Quiénes son los propietarios de las empresas beneficiadas y qué modalidad específica se está utilizando para adjudicarlos?
Lo más alarmante es que estos acuerdos institucionales con organismos internacionales no tienen una supervisión efectiva. Aunque en 2020 se emitió la resolución DGCP-05-2020, que instaba a las instituciones públicas a abstenerse de realizar contrataciones mediante el PNUD, el MIVED ha encontrado una forma de eludir esta restricción: enmiendas a contratos preexistentes para extender su plazo y aumentar su presupuesto. Esto demuestra una clara intención de seguir utilizando este mecanismo, ignorando las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, ha sido contundente en sus declaraciones, destacando que:
- “No hay un contrato nuevo en esta gestión firmado bajo la modalidad del PNUD.”
- “El PNUD no puede sustituir a las unidades de compra y mucho menos sobre la base de un pago.”
- “La información disponible es escasa y no cumple con los estándares de acceso público.”
Además, Pimentel enfatizó que las contrataciones realizadas a través del PNUD no son más transparentes que las que se publican en el portal de la DGCP. Señaló que la información sobre estos procesos es limitada y que, a la fecha, “es difícil establecer un histórico de lo contratado por el Estado dominicano con la mediación del PNUD.”
Estas declaraciones contrastan con la realidad evidenciada en nuestra investigación, que demuestra cómo el MIVED y otras instituciones han continuado utilizando esta modalidad, incluso después de la advertencia oficial.
Es momento de exigir respuestas. ¿Por qué no se hacen públicas estas contrataciones? ¿Cómo se garantiza que estos recursos beneficien realmente al pueblo? La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administra su dinero.
Desde El Verticerd, seguiremos investigando y exigiendo rendición de cuentas. Comparte esta información y únete a la lucha por la transparencia.
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