By Redacción Propia Por: Félix Roa Juliao – Economista y Especialista en Licitaciones y Compras Públicas
El sistema de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana está nuevamente bajo escrutinio debido a las recientes denuncias relacionadas con el contrato otorgado a la historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben por el Ministerio de Interior y Policía. Según informaciones divulgadas, la ministra Faride Raful aprobó un contrato de RD$4.6 millones a Sang Ben, quien además figura como empleada fija de la misma institución, con un salario mensual de RD$145,000. Este hecho no solo genera dudas sobre la transparencia del proceso, sino que también apunta a posibles violaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Violaciones a la Ley 340-06
La Ley 340-06 y su modificación mediante la Ley 449-06 establecen los principios de igualdad, transparencia y libre competencia como pilares fundamentales de los procesos de contratación pública. Este caso, sin embargo, parece contravenir varias disposiciones clave:
- Conflicto de Interés (Artículo 14): Este artículo prohíbe a los funcionarios y empleados de las instituciones contratantes participar directa o indirectamente en los procesos de contratación en los que puedan tener un interés personal o económico. La condición de empleada fija de Sang Ben dentro de la misma institución configura un claro conflicto de interés, incluso si se argumenta que será retirada de la nómina al 30 de diciembre.
- Publicidad y Transparencia (Artículo 3): La ley requiere que todas las contrataciones públicas se realicen garantizando publicidad suficiente para fomentar la participación equitativa de oferentes. En este caso, surgen dudas sobre si el proceso cumplió con este principio o si fue diseñado para beneficiar a una persona en particular.
- Prohibición de Trato Preferencial (Artículo 15): La normativa establece que no se debe otorgar ninguna ventaja indebida a personas con vínculos dentro de la institución. La relación laboral previa de Sang Ben con el Ministerio pone en tela de juicio la imparcialidad del proceso.
Contexto y Repercusiones
El Ministerio de Interior y Policía ha intentado justificar esta acción alegando que el contrato iniciará en enero de 2025, después de que la historiadora sea excluida de la nómina. Sin embargo, esta explicación no aborda el problema central: su participación en un proceso de contratación donde posee acceso privilegiado a información interna y mantiene vínculos directos con la institución. Esto viola el principio de igualdad y competencia justa que debe regir las contrataciones públicas.
Este caso también refleja un problema estructural en el sistema de contrataciones públicas del país: la debilidad en la supervisión y la aplicación de sanciones. Aunque la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tiene la facultad de anular contratos y sancionar irregularidades, la falta de controles efectivos facilita que los procesos sean manipulados para beneficiar a personas específicas con vínculos cercanos a las autoridades.
Propuesta para el Cambio
Es urgente que el sistema de contrataciones públicas sea fortalecido mediante:
- Cumplimiento Estricto de la Ley 340-06: Las instituciones deben aplicar rigurosamente los principios y artículos de la ley, especialmente aquellos relacionados con conflictos de interés y transparencia.
- Creación de un Organismo Independiente: Es necesario establecer un organismo independiente del Estado con autonomía administrativa y financiera, cuya dirección no sea designada por el Poder Ejecutivo, para garantizar una supervisión imparcial de los procesos de contratación.
- Transparencia Total: Ampliar el acceso público a los detalles de los procesos de contratación mediante plataformas como el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. La RED (Red de Abogacía para la Transparencia) ha promovido el uso de tecnologías para facilitar el monitoreo ciudadano, una medida que podría ser adoptada ampliamente.
- Sanciones Ejemplares: La aplicación de sanciones contundentes a quienes incumplan la normativa enviaría un mensaje claro sobre la seriedad de los principios que rigen las contrataciones públicas.
Conclusión
Este caso no es un incidente aislado, sino un reflejo de las deficiencias de un sistema que aún tiene mucho por mejorar. Como economista y especialista en licitaciones, considero que es nuestra responsabilidad denunciar y exigir un sistema de contrataciones públicas que garantice transparencia, igualdad y el uso eficiente de los recursos públicos. Solo así podremos avanzar hacia un futuro en el que la confianza ciudadana en las instituciones sea restaurada.
Félix Roa Juliao